13 Feb Cl@ve. La simplificación en el acceso tiene costes añadidos

Antes de empezar a hablar de cl@ve, aclarar que estoy totalmente a favor de una gran parte de los servicios comunes que se ofrecen de forma centralizada. Así, me parecen un gran acierto todos los servicios web de consulta (de DNI, seguridad social, hacienda, etc) ya que facilitan, y mucho, tanto la presentación por el ciudadano, como la gestión de la Administración. Igualmente, como se puede ver por mis anteriores posts estoy totalmente a favor de la notificación en el punto único de acceso (pensando en los destinatarios de las notificaciones, mi empresa incluida) y del registro electrónico de apoderamientos o del archivo (entendido como preservación a largo plazo).

Una vez clarificado lo anterior, pasemos a cl@ve. Creo que la idea de tener un único mecanismo de identificación para todas las Administraciones públicas facilitará la realización de trámites electrónicos y simplificará la gestión de las claves y contraseñas por parte de la ciudadanía en general. Me parece muy bien también esa diversificación de posibilidades (cl@ve pin, cl@ve permanente y cl@ve certificados) ya que ofrece un abanico de opciones. ¿Dónde está el problema? Pues concretamente en el coste del sms (coste que no paga el ciudadano pero que tiene que sufragar cada entidad pública).

Cuando una Administración solicita cl@ve se le envía un formulario donde se le dice que “Si bien el Convenio para la Prestación Mutua de Servicios de Administración Electrónica no contempla contraprestación económica por el uso de los servicios, para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema Cl@ve se hace necesario que los costes asociados a los SMS que generan las peticiones de autenticación y firma de cada organismo sean asumidos por éstos, con cargo al contrato que cada organismo tenga con su operador, de forma que éste facturará directamente al organismo que origina la petición”

Con estos antecedentes, me asaltan las siguientes preguntas y reflexiones:

• Si una Administración tiene ahora un mecanismo de identificación que no implica coste, por mucho que cl@ve tenga más ventajas, ¿qué incentivo va a tener para cambiar? ¿No se supone que el leitmotiv de estos servicios comunes para todas las Administraciones públicas es la racionalización en el gasto público?. Creo que tenemos una gran incoherencia en el planteamiento.
• Por otro lado ¿por qué no enviar el PIN, no por un sms sino por correo electrónico. La excusa no es el móvil ya que la mayoría de dispositivos móviles permite acceder a tu correo electrónico.
• Adicionalmente, no entiendo por qué se ha creado una APP para poder acceder desde dichos móviles a la información de cl@ve pero, en cambio, el código se sigue enviando mediante SMS. Si hay app ¿no debería el PIN facilitarse a través de la app y, consiguientemente, sin coste?

Yo tengo clientes que querían ir a cl@ve y ahora, justamente por el tema de los costes se lo están planteando porque les supone un coste adicional que, ni siquiera, pueden prever con anticipación. Mi recomendación. De entrada:

• No ir (de momento y hasta que no exista una solución a los costes) por la vía de cl@ve PIN (ya que su uso es de consumo instantáneo lo que implica un alto volumen de sms (no sólo cada vez que se interaccione con el sistema, sino que también se vuelve a necesitar solicitar PIN si pasan los 10 minutos para iniciar la sesión, etc).
• En el caso de cl@ve permanente, la pregunta del millón es: si alguien solicita esta cl@ve para interactuar de forma permanente con cualquiera de las Administraciones adheridas ¿quién paga este sms? Supongo que la primera Administración a la que se quiera acceder con este servicio. Aquí jugamos con la estadística y con que la Administración en cuestión no saque un servicio superatractivo que motive que muchos ciudadanos quieran darse de alta en ese momento (en este caso, se daría la paradoja de que a cuanto mayor éxito, mayor penalización de coste).
• Considero que las asociaciones y entidades que representen a las Administraciones públicas no pertenecientes a la AGE deberían, conjuntamente, presentar una propuesta común al Ministerio que solucione esta problemática ya que una buena idea puede no llegar a funcionar por la dificultad (en este caso, económica) de su puesta en marcha.